Frank Tuch, hasta ahora jefe de control de calidad del grupo Volkswagen, ha sido suspendido en estas últimas horas de sus atribuciones. De este modo, se convierte en el primer directivo que es relevado de sus responsabilidades al frente del fabricante de automóviles alemán tras el estallido del fraude originado por las emisiones de gases contaminantes.
Tuch, que no trabajaba para la firma con sede en Wolsburg en 2008, cuando se cree que los directivos de la compañía decidieron crear e instalar el dispositivo que falseaba las emisiones de los motores diésel, tampoco ha sido acusado de ningún delito.
Sin embargo, la decisión de sustituirle se ha tomado a raíz de la investigación interna encargada por la dirección del consorcio y que, según ha trascendido, se centran en un grupo de ejecutivos del rango más alto y que están directamente involucrados en la supervisión del desarrollo, la producción y el control de calidad del motor diésel.
Otra investigación que está a punto de iniciarse es, por su parte, la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Efectivamente, apenas 24 horas después de haber cursado su solicitud de información, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha confirmado que su departamento ha entregado toda la información que tenía registrada en relación al ya conocido como ‘Caso VW‘.
No obstante, la documentación remitida está incompleta ya que el propio Soria ha confirmado que falta por trasladar la información que la Administración española ha solicitado al fabricante alemán sobre qué tipo de emisiones falseaba. Se trata, en opinión del ministro de Industria, un aspecto importante porque solo las de CO2 son utilizadas como baremo para fijar las ayudas del Plan PIVE y la cuantía del Impuesto de Matriculación. «Estamos esperando a recibir esa documentación técnica y cuando la tengamos será estudiada por los técnicos del Ministerio de Industria«, ha añadido.
Mientras, en Navarra, el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, se mantiene «razonablemente optimista» por dos motivos. En primer lugar porque, como ha afirmado, «da cierta tranquilidad que sea una autoridad judicial la que haya fijado la hoja de rura». Asimismo, el Gabinete que preside Uxue Barkos mantiene un contacto diario y continuo con directivos alemanes que les han transmitido que «son conscientes de que lo sucedido es grave y afecta a su reputación» así como «su compromiso por solucionar el problema«, ha concluido.
